01 marzo 2010
ZP y el voto inmigrante
Hay que dárselo todo para que estén agradecidos.
Estaba claro, se veía venir y ya está aquí. Se destapó lo que veníamos diciendo hace tiempo: El Gobierno agiliza el voto de un millón de inmigrantes para las próximas municipales de 2011, más otro millón de votantes procedentes de la "Memoria Histórica" por ser hijos y nietos de exilados.
Según el ABC de 29.05.09, el Gobierno de Zapatero tiene mucha prisa por regularizar la situación de los inmigrantes extracomunitarios de 15 países (Colombia, Perú, Argentina, Islandia, Trinidad y Tobago, Ecuador, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Paraguay, República de Corea, Nueva Zelanda, Bolivia, Uruguay y Venezuela), con los que España puede aplicar el principio de reciprocidad, para que puedan votar en las elecciones municipales.
Y tanta prisa tiene, que no ha esperado a alcanzar un consenso en la Subcomisión del Congreso de los Diputados para la reforma de la Ley Electoral -como se comprometió la vicepresidenta- y, desde principios de año, ha autorizado ya la firma de doce convenios (con Colombia, Perú, Argentina, Islandia, Trinidad y Tobago, Ecuador, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile y Paraguay) estando previsto autorizar dos más en junio (con la República de Corea y Nueva Zelanda). Quedan pendientes otros tres con Bolivia, Uruguay y Venezuela.
Una inyección al padrón municipal de 1.472.423 ciudadanos, de los que 1.100.000 son mayores de edad y con derecho a voto. Un número de votantes que puede desequilibrar el resultado final de unas elecciones y cuya regularización para poder votar ha sido una de las prioridades del Gobierno, «a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. El PSOE retrocede de forma imparable en las grandes ciudades y presuponen que una parte importante del voto inmigrante puede apoyarle. Fundamentalmente en Madrid, donde es su única esperanza».
Estas prisas han llevado al Gobierno a pasar por alto los trabajos de una Subcomisión, que tenía que consensuar unos criterios de reciprocidad a los que alude el artículo 13.2 de la Constitución. Así lo afirmó Fernández de la Vega en una comparecencia del 30 de julio de 2008, cuando aseguró que «el reconocimiento a los extranjeros residentes de este derecho al voto debe hacerse con observancia de los criterios de reciprocidad. No consta sentencia del Tribunal Constitucional que haya precisado que ha de entenderse por criterios de reciprocidad. Nosotros estamos dispuestos a explorar y consensuar en sede parlamentaria las diversas propuestas interpretativas que se formulen».
De estas palabras nunca más se supo y el malestar entre los miembros de la Subcomisión crece por días, ya que el Parlamento deberá dar el visto bueno a unos acuerdos aprobados de espaldas a la Subcomisión. El Gobierno, según las fuentes consultadas, ha fijado de forma unilateral los criterios de reciprocidad. Los países elegidos son aquellos que ya reconocían el derecho a voto a los ciudadanos españoles residentes en su territorio. Para votar en España se exigen tres requisitos: haber residido legalmente en España de manera ininterrumpida durante cinco años anteriores a las elecciones; estar inscrito en el padrón municipal y solicitar la inscripción en el censo electoral de extranjeros.
A esta inyección electoral hay que sumar los entre 500.000 y un millón de votantes que podrán hacerlo a través de la Ley de Memoria Histórica, al permitir la doble nacionalidad para hijos y nietos de exiliados.
O a ZP le explota la presente legislatura en las manos antes de tiempo o las próximas elecciones las tiene ganadas con los votos forasteros, a menos que los españoles finalmente se convenzan de que efectivamente no merecemos un gobierno que mienta.
Estaba claro, se veía venir y ya está aquí. Se destapó lo que veníamos diciendo hace tiempo: El Gobierno agiliza el voto de un millón de inmigrantes para las próximas municipales de 2011, más otro millón de votantes procedentes de la "Memoria Histórica" por ser hijos y nietos de exilados.
Según el ABC de 29.05.09, el Gobierno de Zapatero tiene mucha prisa por regularizar la situación de los inmigrantes extracomunitarios de 15 países (Colombia, Perú, Argentina, Islandia, Trinidad y Tobago, Ecuador, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Paraguay, República de Corea, Nueva Zelanda, Bolivia, Uruguay y Venezuela), con los que España puede aplicar el principio de reciprocidad, para que puedan votar en las elecciones municipales.
Y tanta prisa tiene, que no ha esperado a alcanzar un consenso en la Subcomisión del Congreso de los Diputados para la reforma de la Ley Electoral -como se comprometió la vicepresidenta- y, desde principios de año, ha autorizado ya la firma de doce convenios (con Colombia, Perú, Argentina, Islandia, Trinidad y Tobago, Ecuador, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile y Paraguay) estando previsto autorizar dos más en junio (con la República de Corea y Nueva Zelanda). Quedan pendientes otros tres con Bolivia, Uruguay y Venezuela.
Una inyección al padrón municipal de 1.472.423 ciudadanos, de los que 1.100.000 son mayores de edad y con derecho a voto. Un número de votantes que puede desequilibrar el resultado final de unas elecciones y cuya regularización para poder votar ha sido una de las prioridades del Gobierno, «a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. El PSOE retrocede de forma imparable en las grandes ciudades y presuponen que una parte importante del voto inmigrante puede apoyarle. Fundamentalmente en Madrid, donde es su única esperanza».
Estas prisas han llevado al Gobierno a pasar por alto los trabajos de una Subcomisión, que tenía que consensuar unos criterios de reciprocidad a los que alude el artículo 13.2 de la Constitución. Así lo afirmó Fernández de la Vega en una comparecencia del 30 de julio de 2008, cuando aseguró que «el reconocimiento a los extranjeros residentes de este derecho al voto debe hacerse con observancia de los criterios de reciprocidad. No consta sentencia del Tribunal Constitucional que haya precisado que ha de entenderse por criterios de reciprocidad. Nosotros estamos dispuestos a explorar y consensuar en sede parlamentaria las diversas propuestas interpretativas que se formulen».
De estas palabras nunca más se supo y el malestar entre los miembros de la Subcomisión crece por días, ya que el Parlamento deberá dar el visto bueno a unos acuerdos aprobados de espaldas a la Subcomisión. El Gobierno, según las fuentes consultadas, ha fijado de forma unilateral los criterios de reciprocidad. Los países elegidos son aquellos que ya reconocían el derecho a voto a los ciudadanos españoles residentes en su territorio. Para votar en España se exigen tres requisitos: haber residido legalmente en España de manera ininterrumpida durante cinco años anteriores a las elecciones; estar inscrito en el padrón municipal y solicitar la inscripción en el censo electoral de extranjeros.
A esta inyección electoral hay que sumar los entre 500.000 y un millón de votantes que podrán hacerlo a través de la Ley de Memoria Histórica, al permitir la doble nacionalidad para hijos y nietos de exiliados.
O a ZP le explota la presente legislatura en las manos antes de tiempo o las próximas elecciones las tiene ganadas con los votos forasteros, a menos que los españoles finalmente se convenzan de que efectivamente no merecemos un gobierno que mienta.
