01 marzo 2010
ZP y la justicia vasca
Joseba Azkárraga Rodero, Consejero de Justicia del Gobierno Vasco es de los que dicen que la unión hace la fuerza mientras trabaja para separarse de España. En relación con los empresarios vascos decía: «La necesidad de agruparse para resolver los problemas que nos afectan es tan vieja como la propia Historia de la Humanidad. Y, me atrevería a decir, que esa constatación cobra especial rotundidad en Euskal Herria, donde ante las adversidades de cualquier índole y ámbito, siempre ha surgido una respuesta colectiva articulada». O sea, que hace un panegírico de la unión de las gentes y para él la unidad es una virtud donde radica la fortaleza y las vascongadas son un ejemplo de ello. No se puede ser más incongruente.
El susodicho individuo, consejero de Justicia del Gobierno Vasco, ha instado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que investigue las actuaciones del magistrado y compruebe si está tomando decisiones sin conocer la opinión de la Fiscalía en relación con la red de extorsión de la que antes era banda terrorista y hoy son aliados en la noble causa de la búsqueda de la paz.
Este consejero se contradice en el fondo y en las formas. Es consejero de Justicia y trata de impedir que actúe la Justicia. Es una pura contradicción desde que se levanta.
Sin duda, la citación como imputado de Gorka Aguirre, miembro de la ejecutiva del PNV, acusado por el juez por su presunta colaboración con la organización criminal y ser supuestamente intermediario en el cobro del chantaje etarra, ha provocado tan airadas respuestas del nacionalismo vasco, incluido el responsable de la Justicia, que pide el cierre de la Audiencia Nacional y solicita al Fiscal General del Gobierno, Conde-Pumpido, que actúe contra el juez por no dar facilidades a los enjuagues nacionalistas con ETA.
Hay que carecer de imparcialidad para exigir que la Fiscalía General del Estado traslade las actuaciones del juez al Consejo General del Poder Judicial para que su servicio de inspección "actúe y lo haga cuando antes" para investigar el hecho de que Grande-Marlaska ignore sistemáticamente a la fiscalía, cuando es público y notorio que la fiscalía se ha convertido en la defensora de cuanto pueda entorpecer el proceso mediante el cual se dará satisfacción a las aspiraciones etarras.
Pero hay que ser mucho más deshonesto para no exigir del Consejo General del Poder Judicial que su servicio de inspección "actúe y lo haga cuando antes" para investigar a la Fiscalía General del Estado y otros que no actúan en defensa de los intereses del Estado –o sea, de los españoles– y lo hagan solamente en defensa de los intereses del Gobierno –o sea, de Zapatero–
La inexistente ética y patadas al código deontológico profesional de tales personajes, los sitúan en las antípodas de la Justicia.
Alguien debería explicarles que la venda que tiene la Justicia ante los ojos no es para que no vea lo que ellos hacen sino para que no se deje influir sectariamente y sea equitativa y justa.
La indecencia no puede impartir justicia.
El susodicho individuo, consejero de Justicia del Gobierno Vasco, ha instado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que investigue las actuaciones del magistrado y compruebe si está tomando decisiones sin conocer la opinión de la Fiscalía en relación con la red de extorsión de la que antes era banda terrorista y hoy son aliados en la noble causa de la búsqueda de la paz.
Este consejero se contradice en el fondo y en las formas. Es consejero de Justicia y trata de impedir que actúe la Justicia. Es una pura contradicción desde que se levanta.
Sin duda, la citación como imputado de Gorka Aguirre, miembro de la ejecutiva del PNV, acusado por el juez por su presunta colaboración con la organización criminal y ser supuestamente intermediario en el cobro del chantaje etarra, ha provocado tan airadas respuestas del nacionalismo vasco, incluido el responsable de la Justicia, que pide el cierre de la Audiencia Nacional y solicita al Fiscal General del Gobierno, Conde-Pumpido, que actúe contra el juez por no dar facilidades a los enjuagues nacionalistas con ETA.
Hay que carecer de imparcialidad para exigir que la Fiscalía General del Estado traslade las actuaciones del juez al Consejo General del Poder Judicial para que su servicio de inspección "actúe y lo haga cuando antes" para investigar el hecho de que Grande-Marlaska ignore sistemáticamente a la fiscalía, cuando es público y notorio que la fiscalía se ha convertido en la defensora de cuanto pueda entorpecer el proceso mediante el cual se dará satisfacción a las aspiraciones etarras.
Pero hay que ser mucho más deshonesto para no exigir del Consejo General del Poder Judicial que su servicio de inspección "actúe y lo haga cuando antes" para investigar a la Fiscalía General del Estado y otros que no actúan en defensa de los intereses del Estado –o sea, de los españoles– y lo hagan solamente en defensa de los intereses del Gobierno –o sea, de Zapatero–
La inexistente ética y patadas al código deontológico profesional de tales personajes, los sitúan en las antípodas de la Justicia.
Alguien debería explicarles que la venda que tiene la Justicia ante los ojos no es para que no vea lo que ellos hacen sino para que no se deje influir sectariamente y sea equitativa y justa.
La indecencia no puede impartir justicia.
