01 marzo 2010
ZP y los golpistas
Zelaya está apoyado especialmente por los dictadores
bananeros y otros de la misma calaña, incluido ZP.
En Honduras, a mediados de junio 09, su presidente Manuel Zelaya ha pretendido modificar la Constitución a su conveniencia para que permitiera su reelección, algo que está prohibido por la propia Carta Magna y que había sido declarado ilegal por el Parlamento y el Tribuna Supremo. No sólo está prohibido sino que, además, prohíbe que se reforme dicho artículo y ordena que quien proponga la reforma sea castigado (artículos 239 y 240). El presidente organizó una consulta popular –sin duda organizada para ganarla– que diera un barniz de legalidad al abuso. Sólo le ha faltado justificarlo con aquella mentira tan usada por ZP de que se trata de una “demanda mayoritaria de la sociedad”.
A la consulta se oponían el Congreso, la Corte Suprema y el Ejército, así que cumpliendo la legalidad, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Ejército que arrestara al presidente y los militares, cumpliendo órdenes de los poderes judiciales y legislativos, expulsaron a Zelaya del país y lo trasladaron por la fuerza a Costa Rica para apartarlo del conflicto y evitar que pudiera sufrir daños a manos de cualquier exaltado.
Los legisladores han designado presidente interino al líder del Congreso, Roberto Micheletti, y las autoridades electorales del país han confirmado que los comicios para elegir presidente previstos para el 29 de noviembre 2009 se realizarán como estaba programado antes del golpe.
Al contrario que en los genuinos golpes de Estado, los militares no han conservado el poder tras su intervención y con total respeto a las leyes y a los poderes civiles, han permitido que Micheletti sea investido, una vez cumplida una de las obligaciones que en todos los países se asignan prioritariamente al Ejército, como es guardar y hacer guardar la Constitución.
El secretario privado de Zelaya ha hecho un llamamiento al pueblo hondureño y a los políticos a que se "manifiesten para defender la democracia", es decir, la “democracia” de quien se salta a la torera las normas de todos para imponer la suya propia.
Y en un alarde de inteligencia, el propio Zelaya manifestaba que seguía siendo el presidente puesto que había sido elegido por el Congreso, máximo representante del pueblo hondureño, sin darse cuenta que ese mismo Congreso es el que había declarada ilegal su iniciativa. Así que cabe adjudicar la misma legalidad tanto a su nombramiento como a su destitución, más tarde convertida en arresto por orden de la Corte Suprema –en base a 16 delitos, entre ellos el de narcotráfico y traición, cuyas pruebas el Gobierno pretende presentar ante las autoridades judiciales internacionales– y después de que el juzgado de lo contencioso administrativo emitiera una resolución para el inmediato decomiso del material electoral que el seudo demócrata Zelaya había recibido de Hugo Chávez, auténtico organizador de la maquinación electoral.
Por su parte, la prensa vendida a las subvenciones del poder y comprada con nuestro dinero nos contará que se trata de un golpe de Estado antidemocrático y que la policía y el ejército reprimen salvajemente al pueblo hondureño echado a la calle masivamente para reclamar el regreso del presidente. La realidad es que lo único antidemocrático es la manipulación de Zelaya y que en las calles no están más que los grupos de incondicionales de siempre –estimados en unos cientos de individuos– que temen por sus prebendas.
Pero la cuestión hondureña no queda tan alejada de nosotros como aparenta. La pregunta que cabe hacerse después de lo sucedido en Honduras es que si el Ejército ha cumplido con una orden del Tribunal Supremo y no ha ocupado ni suprimido ninguno de los poderes del país, puede hablarse de golpe de Estado.
En España así lo interpretan nuestros gobernantes y por menos de ello han rodado cabezas. El Gobierno socialista español no tuvo reparos, en una decisión inconstitucional, en destituir al general jefe de la Fuerza Terrestre –teniente general Mena Aguado– por un discurso donde recordaba que el artículo octavo de la Constitución Española encomienda a las Fuerzas Armadas la misión de «garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad y el ordenamiento constitucional»
No tardaron tanto el Gobierno como la progresía en calificar de "inadmisibles" e "inaceptables" las declaraciones del Tte. General Mena. Desde los comunistas, Gaspar Llamazares, que afirmaba que tales manifestaciones “son contrarias a la Constitución" hasta los separatistas vascos, Anasagasti, que lo calificaba de "general absolutamente trasnochado y fuera de la realidad política", todos se apresuraron a pedir sanciones para quien citó a la Constitución y dijo públicamente lo que el totalitarismo de izquierdas y el separatismo no quieren oír.
Recordar que los militares son los garantes y custodios de la Constitución e integridad de la Nación, no sólo no es una "intromisión inaceptable" sino una exigencia del cargo. Sin embargo, el Tte. General fue inmediatamente destituido y enviado a la Reserva.
No ha de extrañar que el zapateril “Gobierno” se haya apresurado a hacer causa común con el ventajista Zelaya –principalmente apoyado por los dictadores marxistas Hugo Chávez, Evo Morales, Castro, Daniel Ortega...– ya que ZP tiene pavor a que aquí se produjera una situación parecida y por eso apoya a los gobernantes corruptos que son destituidos. A instancias del depuesto Manuel Zelaya ha retirado las credenciales al embajador de Honduras en España e insiste en que su apoyo a Zelaya es "claro" y "sin reservas". Para que no haya dudas sobre su postura, ha devuelto a su país al contingente de soldados hondureños que entrenaban en España –por acuerdo con el Gobierno Zelaya– para formar parte del próximo despliegue español en Líbano, ya que ahora dependen de un gobernante distinto. Al igual que hizo durante un desfile al paso de la bandera norteamericana, ZP vuelve a confundir al gobierno con la nación.
Zapatero sabe que está jugando con fuego y que anda bordeando los límites constitucionales y penales –aunque altas instancias judiciales le apoyen con sus veredictos– y es consciente de que desde el mismo momento en que fuera aprobada una Ley que atentase claramente contra la soberanía o el ordenamiento constitucional, los militares estarían inmersos en las obligaciones que para ellos estipula la Constitución. Otra cosa es que tuviesen que esperar instrucciones para intervenir por parte de las instituciones gubernamentales o del mismo Gobierno que infringió la Constitución, las cuales, lógicamente, nunca llegarían porque aquí ese aspecto está más corrompido que en Honduras, donde esa orden sí llegó.
Si el Ejército envía ese aviso al ejecutivo y este insiste en romper España, no parece que pudiera hablarse de una antidemocrática intervención militar –siempre que se respetasen los poderes civiles y no se ocupara ni suprimiera ninguno– sino de la destitución de un Gobierno que traiciona el cometido para el que fue elegido, que no es otro que procurar lo mejor para todos los españoles –y no para unos pocos en perjuicio de la mayoría– y conservar la integridad de la Nación en todos los aspectos.
Y es que el Ejército, por mucho que disguste a Zapatero, está para eso y no para repartir bocadillos fuera de nuestras fronteras mientras aquí su guardia personal vigila disfrazada de bomberos.
bananeros y otros de la misma calaña, incluido ZP.
En Honduras, a mediados de junio 09, su presidente Manuel Zelaya ha pretendido modificar la Constitución a su conveniencia para que permitiera su reelección, algo que está prohibido por la propia Carta Magna y que había sido declarado ilegal por el Parlamento y el Tribuna Supremo. No sólo está prohibido sino que, además, prohíbe que se reforme dicho artículo y ordena que quien proponga la reforma sea castigado (artículos 239 y 240). El presidente organizó una consulta popular –sin duda organizada para ganarla– que diera un barniz de legalidad al abuso. Sólo le ha faltado justificarlo con aquella mentira tan usada por ZP de que se trata de una “demanda mayoritaria de la sociedad”.
A la consulta se oponían el Congreso, la Corte Suprema y el Ejército, así que cumpliendo la legalidad, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Ejército que arrestara al presidente y los militares, cumpliendo órdenes de los poderes judiciales y legislativos, expulsaron a Zelaya del país y lo trasladaron por la fuerza a Costa Rica para apartarlo del conflicto y evitar que pudiera sufrir daños a manos de cualquier exaltado.
Los legisladores han designado presidente interino al líder del Congreso, Roberto Micheletti, y las autoridades electorales del país han confirmado que los comicios para elegir presidente previstos para el 29 de noviembre 2009 se realizarán como estaba programado antes del golpe.
Al contrario que en los genuinos golpes de Estado, los militares no han conservado el poder tras su intervención y con total respeto a las leyes y a los poderes civiles, han permitido que Micheletti sea investido, una vez cumplida una de las obligaciones que en todos los países se asignan prioritariamente al Ejército, como es guardar y hacer guardar la Constitución.
El secretario privado de Zelaya ha hecho un llamamiento al pueblo hondureño y a los políticos a que se "manifiesten para defender la democracia", es decir, la “democracia” de quien se salta a la torera las normas de todos para imponer la suya propia.
Y en un alarde de inteligencia, el propio Zelaya manifestaba que seguía siendo el presidente puesto que había sido elegido por el Congreso, máximo representante del pueblo hondureño, sin darse cuenta que ese mismo Congreso es el que había declarada ilegal su iniciativa. Así que cabe adjudicar la misma legalidad tanto a su nombramiento como a su destitución, más tarde convertida en arresto por orden de la Corte Suprema –en base a 16 delitos, entre ellos el de narcotráfico y traición, cuyas pruebas el Gobierno pretende presentar ante las autoridades judiciales internacionales– y después de que el juzgado de lo contencioso administrativo emitiera una resolución para el inmediato decomiso del material electoral que el seudo demócrata Zelaya había recibido de Hugo Chávez, auténtico organizador de la maquinación electoral.
Por su parte, la prensa vendida a las subvenciones del poder y comprada con nuestro dinero nos contará que se trata de un golpe de Estado antidemocrático y que la policía y el ejército reprimen salvajemente al pueblo hondureño echado a la calle masivamente para reclamar el regreso del presidente. La realidad es que lo único antidemocrático es la manipulación de Zelaya y que en las calles no están más que los grupos de incondicionales de siempre –estimados en unos cientos de individuos– que temen por sus prebendas.
Pero la cuestión hondureña no queda tan alejada de nosotros como aparenta. La pregunta que cabe hacerse después de lo sucedido en Honduras es que si el Ejército ha cumplido con una orden del Tribunal Supremo y no ha ocupado ni suprimido ninguno de los poderes del país, puede hablarse de golpe de Estado.
En España así lo interpretan nuestros gobernantes y por menos de ello han rodado cabezas. El Gobierno socialista español no tuvo reparos, en una decisión inconstitucional, en destituir al general jefe de la Fuerza Terrestre –teniente general Mena Aguado– por un discurso donde recordaba que el artículo octavo de la Constitución Española encomienda a las Fuerzas Armadas la misión de «garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad y el ordenamiento constitucional»
No tardaron tanto el Gobierno como la progresía en calificar de "inadmisibles" e "inaceptables" las declaraciones del Tte. General Mena. Desde los comunistas, Gaspar Llamazares, que afirmaba que tales manifestaciones “son contrarias a la Constitución" hasta los separatistas vascos, Anasagasti, que lo calificaba de "general absolutamente trasnochado y fuera de la realidad política", todos se apresuraron a pedir sanciones para quien citó a la Constitución y dijo públicamente lo que el totalitarismo de izquierdas y el separatismo no quieren oír.
Recordar que los militares son los garantes y custodios de la Constitución e integridad de la Nación, no sólo no es una "intromisión inaceptable" sino una exigencia del cargo. Sin embargo, el Tte. General fue inmediatamente destituido y enviado a la Reserva.
No ha de extrañar que el zapateril “Gobierno” se haya apresurado a hacer causa común con el ventajista Zelaya –principalmente apoyado por los dictadores marxistas Hugo Chávez, Evo Morales, Castro, Daniel Ortega...– ya que ZP tiene pavor a que aquí se produjera una situación parecida y por eso apoya a los gobernantes corruptos que son destituidos. A instancias del depuesto Manuel Zelaya ha retirado las credenciales al embajador de Honduras en España e insiste en que su apoyo a Zelaya es "claro" y "sin reservas". Para que no haya dudas sobre su postura, ha devuelto a su país al contingente de soldados hondureños que entrenaban en España –por acuerdo con el Gobierno Zelaya– para formar parte del próximo despliegue español en Líbano, ya que ahora dependen de un gobernante distinto. Al igual que hizo durante un desfile al paso de la bandera norteamericana, ZP vuelve a confundir al gobierno con la nación.
Zapatero sabe que está jugando con fuego y que anda bordeando los límites constitucionales y penales –aunque altas instancias judiciales le apoyen con sus veredictos– y es consciente de que desde el mismo momento en que fuera aprobada una Ley que atentase claramente contra la soberanía o el ordenamiento constitucional, los militares estarían inmersos en las obligaciones que para ellos estipula la Constitución. Otra cosa es que tuviesen que esperar instrucciones para intervenir por parte de las instituciones gubernamentales o del mismo Gobierno que infringió la Constitución, las cuales, lógicamente, nunca llegarían porque aquí ese aspecto está más corrompido que en Honduras, donde esa orden sí llegó.
Si el Ejército envía ese aviso al ejecutivo y este insiste en romper España, no parece que pudiera hablarse de una antidemocrática intervención militar –siempre que se respetasen los poderes civiles y no se ocupara ni suprimiera ninguno– sino de la destitución de un Gobierno que traiciona el cometido para el que fue elegido, que no es otro que procurar lo mejor para todos los españoles –y no para unos pocos en perjuicio de la mayoría– y conservar la integridad de la Nación en todos los aspectos.
Y es que el Ejército, por mucho que disguste a Zapatero, está para eso y no para repartir bocadillos fuera de nuestras fronteras mientras aquí su guardia personal vigila disfrazada de bomberos.
