01 marzo 2010
ZP y la colaboración con banda armada
Mientras lo negaban estaban negociando la paz dispuestos a
colmar las exigencias de ETA. Pero ZP debía vestir el muñeco
ante la opinión pública y no lo hacía con la decisión que los
terroristas deseaban, así que volaron la terminal T-4 de Barajas
para castigarlo ¿o darle un empujoncito y que se decidiera?
Demasiadas han sido las veces que el "Gobierno" de ZP el Vano, de una manera o de otra, ha colaborado con la banda armada ETA o sus acólitos (1).
Hemos visto como incumpliendo la Ley permiten la presencia de terroristas en las instituciones, facilitándoles subvenciones y financiando sus actividades con el dinero de todos. A pesar de las presiones del PP para que las sucesivas formaciones que han pretendido representar a ETA en el hemiciclo vasco fueran disueltas como grupo parlamentario, en más de una ocasión el PSOE y el Fiscal General del Estado se han negado, como es el caso de EHAC (Partido Comunista del Pueblo Vasco). Entonces pudimos comprobar como el PSOE estaba empezando a cambiar de aliados.
También al negarse a instar la ilegalización del PCTV (Partido Comunista de las Tierras Vascas) en base a excusas y razones éticas que pretenden convencernos de que los atentados de ETA son “accidentes”, de que los chantajistas y extorsionadores deben estar en el Parlamento de la Nación y de que los asesinos merecen mejor suerte que los asesinados y no han de pudrirse en la cárcel.
Otras veces ha quedado patente como determinados jueces, siguiendo la política marcada por el "Gobierno", aplicaban criterios y redactaban autos favorecedores de etarras que llegaban incluso a quedar en libertad (Ver "ZP y la alarma social" – ZP, ese hombre III parte)
Y así podríamos citar numerosos ejemplos aunque no puede dejarse de citar el "Caso Faisán".
Joseba Imanol Elosúa Urbieta es el dueño del «bar Faisán», que está situado en la zona fronteriza de Behobia, en Irún (Guipúzcoa), precintado en su día por ser el escenario de la gestación del impuesto revolucionario de ETA a empresarios vascos y navarros y reabierto, por orden del juez Garzón, en la Nochebuena del año 2006. El 24 de junio anterior, sin embargo, Joseba Imanol ingresó en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska -que inició las investigaciones- acusado de haber sido la persona que envió dos remesas de cartas amenazantes al empresariado.
Pero en Mayo de 2006, durante la tregua de la banda, algún chivato le avisaba de que las Fuerzas de Seguridad del Estado le estaban esperando para detenerlo cuando cruzara la frontera con el dinero recaudado por la extorsión a empresarios.
Según las investigaciones, quien advirtió a Elosúa era nada menos que el Jefe Superior de la Policía en el País Vasco, que momentos antes había recibido una llamada de Víctor García Hidalgo, entonces Director General de la Policía.
La hipótesis de este informe, siguiendo el cruce de teléfonos, es que el jefe de la Policía Nacional había ordenado a su subordinado que avisara a Elosúa de que había montado un operativo para detenerle.
El jefe superior de la Policía Nacional del País Vasco, según se recoge en el sumario, mantuvo una conversación telefónica con Enrique García Castaño, comisario jefe la Unidad Central de Apoyo Operativo y habría ordenado a su subordinado que avisara a Elosúa de que había montado un operativo para detenerle..
En la trascripción de la conversación, éste último intenta tranquilizar al mando policial vasco aludiendo a la amistad que le une con el juez Garzón, por lo que le llega a decir: "no te preocupes, Baltasar es amigo".
Pues bien, la Fiscalía de la Audiencia Nacional –cargo nombrado a dedo por el "Gobierno"– pide ahora al juez Garzón que archive la causa, argumentado que no existen pruebas de la implicación del Director General de la Policía García Hidalgo ni de ninguno de sus colaboradores.
Para mayor cinismo, aunque la Fiscalía considera probado que el delito se cometió, desiste de seguir investigando a pesar de que los sólidos indicios que apuntan al hoy ex Director General de la Policía, una persona vinculada al PSOE y otros altos mandos policiales.
Resulta estremecedor pensar que el máximo jefe de un cuerpo que ha sufrido cientos de bajas por el terrorismo pudiera llevar su servilismo político hasta el extremo de ayudar a ETA a eludir un operativo montado por sus propios hombres.
Y detrás de todos ellos, en la sombra y moviendo los hilos, Zapatero y sus cómplices cercanos, que a pesar de estas y otras cosas nunca serán procesadas por colaboración con banda armada. Porque, según lo expuesto ¿creen Vds que ha existido colaboración con banda armada?
Al margen de que la "justicia" haya decidido que aquellos a quienes la propia policía señala como autores del chivatazo queden libres de cargos, resulta indiscutible que sean quienes fueren los que dieron el aviso para que los etarras eludieran la operación policial, seguían instrucciones de quienes no querían que las negociaciones se vieran perjudicadas. ¿Y quien tenía interés en ello? Evidentemente el "Gobierno", y por lo que respecta al origen del soplo, nadie en su sano juicio se hubiera tomado semejante iniciativa si no hubiera sido instruido y respaldado desde las más altas instancias del Gobierno.
Tenemos a un nuevo Sr. X colaborador con banda armada, de todos conocido como ZP, de cuya cúpula emanan todas las órdenes para tal colaboración.
(1) El Tribunal Supremo, a través de sus sentencias, entiende que la esencia del delito de colaboración con banda armada consiste en poner a disposición de la banda, conociendo que los medios y métodos empleados por la organización consisten en hacer uso de la violencia, es decir del terror y de la muerte, determinadas informaciones, medios económicos o de transporte, infraestructura o servicios de cualquier tipo, que la Organización obtendría más difícilmente- o en ocasiones le sería imposible obtener- sin dicha ayuda externa, prestada precisamente por quiénes, sin pertenecer a ella, le aportan su voluntaria colaboración. Por ello el delito de colaboración con banda armada incluye aquellas acciones que, realizadas voluntariamente con este fin, facilitan cualquier de las actividades de la Organización (infraestructura, comunicaciones, organización, financiación, reclutamiento, entrenamiento, transporte, propaganda, incluyendo cualquier apoyo para facilitarles la evasión de la justicia, etc.), y no solamente las acciones armadas.
colmar las exigencias de ETA. Pero ZP debía vestir el muñeco
ante la opinión pública y no lo hacía con la decisión que los
terroristas deseaban, así que volaron la terminal T-4 de Barajas
para castigarlo ¿o darle un empujoncito y que se decidiera?
Demasiadas han sido las veces que el "Gobierno" de ZP el Vano, de una manera o de otra, ha colaborado con la banda armada ETA o sus acólitos (1).
Hemos visto como incumpliendo la Ley permiten la presencia de terroristas en las instituciones, facilitándoles subvenciones y financiando sus actividades con el dinero de todos. A pesar de las presiones del PP para que las sucesivas formaciones que han pretendido representar a ETA en el hemiciclo vasco fueran disueltas como grupo parlamentario, en más de una ocasión el PSOE y el Fiscal General del Estado se han negado, como es el caso de EHAC (Partido Comunista del Pueblo Vasco). Entonces pudimos comprobar como el PSOE estaba empezando a cambiar de aliados.
También al negarse a instar la ilegalización del PCTV (Partido Comunista de las Tierras Vascas) en base a excusas y razones éticas que pretenden convencernos de que los atentados de ETA son “accidentes”, de que los chantajistas y extorsionadores deben estar en el Parlamento de la Nación y de que los asesinos merecen mejor suerte que los asesinados y no han de pudrirse en la cárcel.
Otras veces ha quedado patente como determinados jueces, siguiendo la política marcada por el "Gobierno", aplicaban criterios y redactaban autos favorecedores de etarras que llegaban incluso a quedar en libertad (Ver "ZP y la alarma social" – ZP, ese hombre III parte)
Y así podríamos citar numerosos ejemplos aunque no puede dejarse de citar el "Caso Faisán".
Joseba Imanol Elosúa Urbieta es el dueño del «bar Faisán», que está situado en la zona fronteriza de Behobia, en Irún (Guipúzcoa), precintado en su día por ser el escenario de la gestación del impuesto revolucionario de ETA a empresarios vascos y navarros y reabierto, por orden del juez Garzón, en la Nochebuena del año 2006. El 24 de junio anterior, sin embargo, Joseba Imanol ingresó en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska -que inició las investigaciones- acusado de haber sido la persona que envió dos remesas de cartas amenazantes al empresariado.
Pero en Mayo de 2006, durante la tregua de la banda, algún chivato le avisaba de que las Fuerzas de Seguridad del Estado le estaban esperando para detenerlo cuando cruzara la frontera con el dinero recaudado por la extorsión a empresarios.
Según las investigaciones, quien advirtió a Elosúa era nada menos que el Jefe Superior de la Policía en el País Vasco, que momentos antes había recibido una llamada de Víctor García Hidalgo, entonces Director General de la Policía.
La hipótesis de este informe, siguiendo el cruce de teléfonos, es que el jefe de la Policía Nacional había ordenado a su subordinado que avisara a Elosúa de que había montado un operativo para detenerle.
El jefe superior de la Policía Nacional del País Vasco, según se recoge en el sumario, mantuvo una conversación telefónica con Enrique García Castaño, comisario jefe la Unidad Central de Apoyo Operativo y habría ordenado a su subordinado que avisara a Elosúa de que había montado un operativo para detenerle..
En la trascripción de la conversación, éste último intenta tranquilizar al mando policial vasco aludiendo a la amistad que le une con el juez Garzón, por lo que le llega a decir: "no te preocupes, Baltasar es amigo".
Pues bien, la Fiscalía de la Audiencia Nacional –cargo nombrado a dedo por el "Gobierno"– pide ahora al juez Garzón que archive la causa, argumentado que no existen pruebas de la implicación del Director General de la Policía García Hidalgo ni de ninguno de sus colaboradores.
Para mayor cinismo, aunque la Fiscalía considera probado que el delito se cometió, desiste de seguir investigando a pesar de que los sólidos indicios que apuntan al hoy ex Director General de la Policía, una persona vinculada al PSOE y otros altos mandos policiales.
Resulta estremecedor pensar que el máximo jefe de un cuerpo que ha sufrido cientos de bajas por el terrorismo pudiera llevar su servilismo político hasta el extremo de ayudar a ETA a eludir un operativo montado por sus propios hombres.
Y detrás de todos ellos, en la sombra y moviendo los hilos, Zapatero y sus cómplices cercanos, que a pesar de estas y otras cosas nunca serán procesadas por colaboración con banda armada. Porque, según lo expuesto ¿creen Vds que ha existido colaboración con banda armada?
Al margen de que la "justicia" haya decidido que aquellos a quienes la propia policía señala como autores del chivatazo queden libres de cargos, resulta indiscutible que sean quienes fueren los que dieron el aviso para que los etarras eludieran la operación policial, seguían instrucciones de quienes no querían que las negociaciones se vieran perjudicadas. ¿Y quien tenía interés en ello? Evidentemente el "Gobierno", y por lo que respecta al origen del soplo, nadie en su sano juicio se hubiera tomado semejante iniciativa si no hubiera sido instruido y respaldado desde las más altas instancias del Gobierno.
Tenemos a un nuevo Sr. X colaborador con banda armada, de todos conocido como ZP, de cuya cúpula emanan todas las órdenes para tal colaboración.
(1) El Tribunal Supremo, a través de sus sentencias, entiende que la esencia del delito de colaboración con banda armada consiste en poner a disposición de la banda, conociendo que los medios y métodos empleados por la organización consisten en hacer uso de la violencia, es decir del terror y de la muerte, determinadas informaciones, medios económicos o de transporte, infraestructura o servicios de cualquier tipo, que la Organización obtendría más difícilmente- o en ocasiones le sería imposible obtener- sin dicha ayuda externa, prestada precisamente por quiénes, sin pertenecer a ella, le aportan su voluntaria colaboración. Por ello el delito de colaboración con banda armada incluye aquellas acciones que, realizadas voluntariamente con este fin, facilitan cualquier de las actividades de la Organización (infraestructura, comunicaciones, organización, financiación, reclutamiento, entrenamiento, transporte, propaganda, incluyendo cualquier apoyo para facilitarles la evasión de la justicia, etc.), y no solamente las acciones armadas.
